Hasta el 23 de agosto del corriente, el Dr. Otilio Romano ejercía la magistratura federal en la provincia de Mendoza.
Ocupó durante más de treinta años cargos en el Poder Judicial Federal.
Sin olvidar que nadie es culpable hasta que así no se determine en los tribunales correspondientes, y sin entrar en el debate sobre la posible politización de la investigación de los delitos que pudieron cometerse durante la dictadura militar en ejercicio del poder estatal, condeno la actitud del jurista.
Pertenecer a una institución implica necesariamente compartir su finalidad y fundamentos. El apto para juzgar debe someterse al juzgamiento de sus pares. No puede alegar la inexistencia de garantías de juzgamiento siendo parte del sistema que hoy pretende esclarecer su situación.
Me pregunto qué sentirán los condenados por el Dr. Romano, al escuchar sus declaraciones desde el país transandino.
Resulte inocente o culpable de los delitos que se le imputan, el Dr. Romano al sustraerse a la jurisdicción, evidentemente ha perdido la calidad de magistrado.
Ya no importa la suspensión de sus fueros. Al tomarse el avión hizo para siempre abandono de los mismos.
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