Hemos podido observar estos últimos días, la gran preocupación de la comunidad educativa chilena ante las reformas que exige un importante sector popular: educación gratuita-educación para todos.
Supuestamente, en Argentina tenemos ambas cosas, pero aún así, creo que día a día, damos de comer a un monstruo perverso, que está atacando fuertemente a los sectores más pobres de la población, en vez de lograr su cometido.
A ver si puedo aclararles un poco lo que pienso, que adelanto, no es más que un conjunto de dudas que me plantea este tema:
Coexisten en nuestro país, en todos los niveles, sistemas de educación pública y gratuita y sistemas públicos de gestión privada. Las ofertas de ambos crecen de manera dispar, ya que el sector privado aumenta año a año su oferta, mientras vemos a la educación pública -sobre todo "egb y polimodal"- colapsada.
Por supuesto que ante el aumento de la oferta, son mayores las contraprestaciones ofrecidas: doble escolaridad con especialización en idiomas; escuelas dirigidas a alumnos de alto coeficiente intelectual; escuelas "boutiques"; títulos profesionalizados; deportes específicos, etc.
Todas limitan su cupo en las aulas y hoy tenemos establecimientos privados con un promedio de no más de veinte alumnos por sala, grado u año, contra abarrotados cursos en escuelas públicas con un promedio de cuarenta alumnos por división, a lo que se suma la diferencia de horas día promedio que los alumnos de una y otra asisten a la escuela y los recursos familiares en materia de apoyo, estudio e investigación.
Muchos sostienen que por esto, el ingreso a las universidades debe ser irrestricto. Es cierto que en la mayoría de los casos es mejor el promedio educativo de los egresados de escuelas privadas, quedando los alumnos de escuelas públicas en desventaja al rendir exámenes de admisión.
Esto ha llevado que en los primeros años de las carreras denominadas clásicas, los profesores den clase a cursos multitudinarios que se van raleando con el transcurrir de los años. A mayor facilidad en los ingresos, mayor deserción; porque no nos engañemos: no todos estamos hechos para estudiar. Además las ventajas económicas de algunas familias posibilitan que haya alumnos que no trabajan; son asistidos por profesionales psicopedagogía y de consulta; tienen a su alcance sofisticados medios técnicos más atractivos; libros, etc., lo que obviamente los beneficia en el curso de sus carreras.
Los alumnos que ingresan a universidades públicas, sabemos, son sostenidos por toda la sociedad, incidiendo pesadamente en los sectores de ingresos más reducidos.
Existiendo un exiguo presupuesto para educación, el gran costo del fracaso de alumnos universitarios también perjudica a los que van superando etapas, ya que las facultades deben destinar grandes partidas a los cursos de nivelación e ingreso y a los primeros años de sus carreras -espacio físico, profesorado, bibliotecas y recursos académicos entre otros-, en desmedro de los años posteriores de las posibilidades de perfeccionamiento.
Los fracasos estudiantiles repercuten gravemente en el alumno, su entorno familiar y la sociedad; ya que estas personas deben insertarse en el ámbito laboral, luego de padecer la frustración de sus metas y compitiendo con muchos otros que sufren en la segunda etapa y se encuentran mejores calificados: aquellos que se recibieron y no pueden vivir adecuadamente de su profesión.
Porque no olvidemos que existen carreras preferidas (paradigma que señaló hace un siglo Florencio Sánchez) y hoy en día nuestras calles reciben cada vez más médicos, abogados, arquitectos, a quienes se les ve acortado el mercado que recibe sus servicios.
Son pocas las carreras intermedias y es poco su atractivo social, y también escasa su salida laboral. No contrato a un técnico de laboratorio si para el mismo puesto se ofrece un bioquímico, que acepta trabajar por la misma paga.
No hace falta que a esto adicionemos la cantidad de facultades privadas que todos los años se suman a cada especialidad, ofreciendo mayores cantidades de bancos, con menos requisitos, títulos en menos años y en algunos casos menor nivel de exigencia académica, para darnos cuenta que hoy los chicos que se reciben de la mayoría de las carreras universitarias, la tienen muy difícil, al momento de salir a la calle a trabajar.
Vale decir que hoy en la Argentina, no en todos los casos un chico de condición social humilde, que se educó en establecimientos públicos, que ingresó a la universidad y estudió con el sacrificio propio o familiar y puede superar todas las diferencias educativas antes citadas y obtener su título; y si lo logra, vivir dignamente trabajando en aquello que estudió con tanto esfuerzo.
Por eso, si pudiera hablar hoy con un manifestante chileno, le diría que el derecho de enseñar y aprender no se agota en el requisito de la gratuidad, sino que éste debe ir unido a una política educativa seria y a largo plazo, que incluya distintos niveles de finalización y perfeccionamiento de acuerdo a las capacidades; que previsiones la salida laboral y que sobre todo se plantee al alumno como la materia prima a trabajar para el desarrollo social.
que aprovechen este momento por pelear una reforma seria que logre mejorar y ampliar la educación chilena.
Hoy en argentina, todo aquel que quiere puede acceder a la educación gratuita, pero esto no basta y no logra el fin perseguido.
Ni la gratuidad, ni el ingreso irrestricto, ni la amplitud privada de la oferta educativa, han logrado su cometido de igualar a los habitantes frente a la educación y a su posibilidades futuras.
¿No sería bueno que en esta materia dejemos de defender dogmas políticos, y nos preocupáramos por los resultados?
Hoy también existe el problema de madres y/o padres que deben trabajar todo el día y no pueden acompañar a sus hijos en los procesos educativos. La economía influye en la mala educación.
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